La reorganización del transporte en La Palma no puede ser a costa de los sectores más vulnerables. Es cierto que los términos de la concesión del servicio de guaguas deben ser aclarados y mejorados, y es preciso que la flota sea modernizada, pero en lo que respecta a la modificación del sistema de bonificación, con la pérdida de gratuidad para sectores que ahora mismo gozaban de la misma, no puedo estar de acuerdo, el sistema de porcentajes que se ahora se propone, bajo el eufemismo de "copago", sigue perjudicando sobre todo a aquellas personas que viven en núcleos poblacionales alejados de los principales servicios. Por eso, en la última comisión de transportes voté en contra, siendo mi voto el único en tal sentido.
Otro asunto es que, tanto el anterior sistema de bonificación como el que ahora se plantea, sigue suponiendo la utilización de dinero público en una empresa privada. Explico, mover una guagua cuesta casi lo mismo, no se suba nadie, se suban personas con bono gratuito o pagando el precio del billete entero, pero a más personas con bonificación se suban en cada viaje, más paga el Cabildo, dinero que irá para la empresa. Un servicio público no debe guiarse por criterios de rentabilidad, pero cuando es una empresa privada quien tiene la concesión, está buscará el beneficio económico, y es lógico, es una empresa, no una asociación sin ánimo de lucro. ¿A dónde quiero llegar? Que si un servicio público debe guiarse por los criterios de servir a las necesidades de la población, y no por el criterio de ganancia económica, no debería ofrecerlo un tipo de sociedad que, por su naturaleza, una empresa privada, su fin es la rentabilidad y ganancia privada. Deberíamos plantearnos para el futuro que el servicio de guaguas sea público, y no mediante concesión, pero TILP tiene la concesión hasta 2027.
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