En el pleno del lunes fue aprobada parcialmente, con enmiendas del grupo de gobierno, la moción sobre la Prestación Canaria de Inserción. El punto referido a la implantación de una Renta Básica fue rechazado.
También fui el único voto contrario a la Ordenanza de Integración Paisajística, al considerar que está está enmarcada en una estrategia más general, la Ley 2/2016, mal llamada "Ley de las Islas Verdes".
Voté en contra de la moción del PP que, si bien su título hacía referencia a "medidas a adoptar en relación a la doble insularidad", su contenido distaba mucho de suponer medidas efectivas frente a esta (costes de transporte, por poner un ejemplo), sino que proponían que los tributos del REF del Bloque de Financiación Canario fueran del 70% para los Cabildos y ayutamientos, y el 30% para el Gobierno de Canarias, frente al 58%-42% en la actualidad, olvidando que la parte correspondiente al Gobierno de Canarias no es un asunto sólo de Tenerife o Gran Canaria, sino que son servicios que afectan a todas las islas, La Palma incluida.
Me opuse finalmente al uso del remanente del Cabildo Insular de La Palma para el pago de la deuda bancaria al considerar injustas las recientes modificaciones legislativas y constitucionales que priorizan el pago de deuda a la financiación de políticas sociales, y que limitan también el uso del remanente.
Pregunté por la noticia que había aparecido en prensa a principios de mayo sobre la posible pérdidas de competencias aduaneras del puerto de Santa Cruz de La Palma, y el anuncio por parte de José Basilio Pérez de que realizaría un escrito al respecto. El escrito, según contestó el consejero, aún no se ha enviado, pero que se informará al respecto.
También pregunté por el portal de transparencia del Cabildo de La Palma, que el lunes llevaba varios días caído. A día de hoy, aún lo está.
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