CABILDO DE LA PALMA
MOCIÓN
008-2016
A la Presidencia del Cabildo Insular de La Palma y los
partidos políticos representados en el Cabildo Insular de La Palma.
El Grupo Mixto - Podemos en
el Cabildo Insular de La Palma a través de su portavoz y Consejero Don Dailos
González Díaz, y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta la
siguiente moción para su debate y votación por el Pleno.
MOCIÓN DEL GRUPO MIXTO PODEMOS SOBRE LA LEY DEL SUELO:
EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS
El pasado mes de marzo se anunció en el B.O.C. Número 50
de 14 de marzo de 2016 la apertura de un periodo de información pública para
que cualquier persona física o jurídica que pudiera verse afectada por la
aprobación del Anteproyecto de Ley del Suelo de Canarias presentara
alegaciones.
Varios temas importantes a tener en cuenta son, entre
otros, el reclamo de la ciudadanía a participar de manera activa y directa en
las decisiones que repercuten sobre su modo de vida y la gran importancia del
documento a aprobar, además de lo complejo que resulta, incluso para las
personas entendidas en la materia, analizar un documento de estas
características en los cortos períodos que se han establecido, siendo tarea
prácticamente imposible para un ciudadano o ciudadana.
Entendemos que la participación ciudadana en las fases
previas a la aprobación de las figuras del planeamiento resulta esencial. En
tales supuestos está en juego la elección del modelo de ordenación territorial.
El conocimiento y la toma de postura sobre ello por parte de la opinión pública
es un derecho esencial de la colectividad que debe abrirse a la participación
de todos, pues entendemos la participación no sólo como una mera y pasiva
posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas opinen y aleguen, sino como un
reto que demanda de las administraciones la adopción de planes y medidas de
fomento de la implicación de la opinión pública en el debate urbanístico.
Ahora nos encontramos con un Anteproyecto de
Ley del Suelo, en nombre de una supuesta
“simplificación”, un galimatías jurídico de 408 artículos, 15 disposiciones
adicionales, 23 disposiciones transitorias, 1 derogatoria y 7 finales, cuyo
objetivo principal es dejar de ser un instrumento de protección y ordenación
del territorio, para convertirse exclusivamente en un documento flexible en
función de criterios subjetivos. Se establece una ordenación a golpe de
necesidad sobrevenida, que en la mayoría de los casos hace referencia a la
creación de riqueza, la lucha contra la crisis económica, la agilización de los
trámites al inversor, el mantenimiento de los sectores turísticos y de la
construcción, etc. Casi no existen menciones a la protección y defensa de los
valores naturales, pues se trata de una ley expansiva, creada para consumir más suelo y más recursos, en lugar de
favorecer la rehabilitación, la reconversión y el futuro de la sostenibilidad.
Parece que el objetivo principal fuera
favorecer los beneficios de los inversores y evitar el control que el actual
sistema de planeamiento único, sostenible, moderno e inclusivo proporciona. Al
menos en teoría, pues en la práctica las conculcaciones al ordenamiento son
frecuentes, pero con más posibilidades de ser sancionadas, que es otro de las
cosas que, a nuestro juicio, se pretende soslayar con la nueva ley.
Por otra parte, el alcance de la cesión de
las competencias de la Comunidad Autónoma a Ayuntamientos y Cabildos “parece no haberse valorado lo suficiente”,
según el juicio que hace del Anteproyecto de Ley una institución tan acreditada
como la Fundación César Manrique, que dice (citamos textualmente):
“La municipalización
de los procesos de aprobación de los instrumentos urbanísticos sienta las bases
de preocupantes distorsiones a varios niveles, comenzando por la invitación a
generar situaciones dispares a la hora de aplicar la ley (tantas cuantos
municipios hay), continuando por las dificultades técnicas, sobrecargas de
trabajo, aumento de las presiones y responsabilidades ante tribunales
sobrevenidas a las oficinas técnicas locales, para concluir en la inseguridad
jurídica que se va a derivar de esta nueva situación y los costes económicos
para los ayuntamientos. La escasez de medios y la acumulación de trabajo a los
que, por lo general, están sometidas las oficinas de urbanismo de los
municipios provocará, sin duda, la externalización [todavía mayor, decimos
nosotros] del planeamiento, creciendo la vulnerabilidad de los procedimientos
por los intereses privados de los agentes más influyentes.
Pocas dudas caben de
la extraordinaria puerta que queda abierta a la conflictividad judicial, cuyas
eventuales consecuencias de responsabilidad patrimonial se derivarán hacia las
Administraciones locales”.
En conclusión, el Anteproyecto de Ley
debilita profundamente las garantías de
respeto a la legalidad, ya que el control previo desaparece. Solo quedaría en
pié el de las Secretarías y Servicios Técnicos Municipales, cuyos informes no
son vinculantes.
Consideramos completamente inadmisible que la
COTMAC pierda su estructura, composición y funciones, quedando relegada a ser
un órgano de asesoramiento. Esto supone un enorme paso atrás en la lucha contra
la corrupción y los desmanes de los intereses particulares, dado que
precisamente la COTMAC es el órgano que analiza los aspectos exclusivamente
legales relacionados con los intereses y las competencias supramunicipales,
insulares o de la Comunidad Autónoma.
Por otra parte, el control judicial solo
podrá ejercerse a posteriori, previa denuncia, frente a las decisiones
ejecutivas de la Administración, con respecto a hechos que pueden dar lugar a
situaciones irreversibles.
Otro aspecto a considerar es que con la nueva
ley, cualquier proyecto que contara con la previa declaración de “interés
insular o comunitario” podría ser aprobado y llevarse a la práctica en cualquier
clase de suelo, con independencia de su clasificación o calificación urbanística, imponiéndose
incluso al planeamiento existente en el lugar que se trate. Se podría así, en
función de intereses inmediatos, públicos o privados, anular planeamientos previos,
poniendo en cuestión principios constitucionales, como la igualdad ante la Ley,
la seguridad jurídica y la prohibición de la arbitrariedad de los poderes
públicos.
Porque están en juego intereses esenciales
que afectan a toda la ciudadanía canaria, para que toda la población pueda
decidir en condiciones de igualdad, este Anteproyecto de Ley debe ser sometido
a información amplia, a debate público, durante el tiempo necesario como para
que la ciudadanía esté suficientemente informada.
No podemos permitir que las ciudadanas y ciudadanos de
Canarias no puedan decidir sobre el modelo de desarrollo que quieren para su
archipiélago, que este debate esté reducido a unos pocos, ni que se abran
puertas para facilitar nuevos tiempos de especulación urbanística. Tenemos que apostar
y defender modelos de desarrollo sostenibles y democráticos, que resulten
beneficiosos para la mayoría de la población y no para unos pocos.
Colectivos como la Plataforma por un Territorio
Sostenible manifiestan al respecto:
Reclamamos el derecho a analizar seriamente
los problemas que presenta la gestión del territorio canario tras el
crecimiento urbanístico y edificatorio acelerado sufrido entre el final del
siglo XX y el comienzo del XXI. El análisis y la búsqueda de soluciones tienen
que hacerse de una forma democrática y pausada, aunque sin dilación, con el
tiempo para fomentar y conseguir la más amplia participación de todos los
sectores de la sociedad.
Este mismo colectivo advierte de que “un
urbanismo en el que prime el proyecto frente a la planificación dejará de lado
a aquellos municipios y aquellas personas en las que no se considere rentable
invertir”, generando así desequilibrios territoriales, agravados por la vía
libre a todo tipo de actividades en suelos rústicos y de protección ambiental
que pueden terminar afectando no sólo a los valores medioambientales y
paisajísticos (entendiendo como paisaje tanto al natural como al antropizado),
sino que incluso puede terminar perjudicando a las actividades agro-ganaderas,
sector al cual se ha tratado de vender las supuestas ventajas de la ley.
Por todo lo anteriormente expuesto, Podemos propone al Pleno de la
Corporación la adopción de siguiente acuerdo:
TEXTO DE
LA MOCIÓN
Primero.- Instar al Gobierno de Canarias a que reabra
el periodo de información pública por un plazo de seis meses, tiempo que
consideramos necesario para un debate amplio de todos los sectores interesados.
Durante ese plazo podrán hacerse las alegaciones individuales y colectivas.
Segundo. - Instar al Gobierno de Canarias a impulsar un proceso de participación ciudadana
real, que permita el debate y la toma de decisiones de manera colectiva, con el
objetivo de elaborar una Ley de Suelo al servicio de la ciudadanía.
El portavoz del Grupo Mixto de Podemos en el
Cabildo de La Palma:
Dailos González Díaz
En La Palma, a 22 de julio de 2016.
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