MOCIÓN 005-2016
A la Presidencia del Cabildo Insular de
La Palma y los partidos políticos representados en el Cabildo Insular de La
Palma.
El Grupo Mixto - Podemos en el Cabildo Insular de La Palma a través de su
portavoz y Consejero Don Dailos González Díaz, y al amparo de lo previsto en el
Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, presenta la siguiente moción para su debate y votación por el Pleno.
MOCIÓN DEL GRUPO MIXTO
PODEMOS:
“Moción de rechazo al Acuerdo UE-Turquía”
El Consejo Europeo, donde están representados los Gobiernos de los 28
estados miembros de la Unión Europea, aprobó recientemente por unanimidad un
acuerdo entre la Unión Europea y Turquía que es inaceptable jurídicamente,
vergonzoso éticamente y totalmente ineficaz para resolver la crisis de derechos
humanos y humanitaria que vive Europa. Más allá de unos arreglos cosméticos,
este acuerdo sigue vulnerando las obligaciones de Europa con la legislación
internacional de los derechos humanos. Y, lo que es igualmente grave, el
Gobierno de España en funciones ha desatendido claramente el mandato recibido del
Parlamento español al votar a favor de un acuerdo que no incluye las garantías
exigidas por el legislador español para conseguir que dicho acuerdo respetase
las obligaciones de España y la Unión Europea con los derechos de las personas
refugiadas y migrantes, que no son números, sino mujeres, hombres, niños y
niñas con derechos y dignidad.
El pasado miércoles, 16 de marzo, la Comisión Mixta del Congreso y del
Senado para la Unión Europea aprobaba por unanimidad una declaración
institucional que fijaba la postura del Parlamento español ante el principio de
acuerdo alcanzado el día 7 de marzo de 2016, entre la Unión Europea y Turquía,
para la deportación colectiva a ese país de cualquier persona que llegue a las
fronteras europeas (incluidas las que quieran pedir asilo o huyen de
persecución, conflictos o violaciones de derechos humanos) a cambio de una
serie de contrapartidas (económicas, exención de visados, apertura de
negociaciones de admisión, etcétera). Dicho principio de acuerdo fue denunciado
por organismos de Naciones Unidas, múltiples organizaciones y amplios sectores
de la sociedad civil en España y toda Europa por vulnerar de manera flagrante
la legislación internacional de derechos humanos. A él se opusieron, de manera
unánime, todos los grupos parlamentarios.
El acuerdo pretende afrontar esta crisis de derechos humanos con un plan de
deportaciones «urgente y temporal» y con un claro enfoque de seguridad y
control migratorio, en vez de abordando las causas profundas de esta crisis.
Causas que tienen directa relación, por un lado, con el creciente olvido (desde
hace años) de los valores fundacionales de la Unión Europea y los derechos
humanos en sus políticas de asilo y migración y, por otro, con una política
exterior que, demasiadas veces, ha puesto sus intereses geopolíticos, de
seguridad y económicos por encima de los derechos humanos.
El acuerdo no recoge garantías expresas, como exigía el Parlamento español
y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, de que todo proceso de expulsión o
devolución de todas las personas (migrantes y refugiados) sea individualizado y
con las debidas garantías. Solo habla del proceso para quien pide asilo.
El acuerdo tampoco establece las garantías exigidas por el Parlamento
español de que Turquía reformará su legislación para respetar la legislación
internacional de derechos humanos. Turquía no es un país seguro para todas las
personas que van a ser devueltas. No tiene un sistema de asilo que garantice la
protección y una solución duradera, no reconoce como personas refugiadas de la
Convención de Ginebra a quienes no sean de nacionalidad europea (por ejemplo, a
los miles de iraquíes, afganos, eritreos o somalíes que podrían ser devueltos).
A las personas sirias solo les reconoce un estatuto de protección temporal insuficiente
y sin adecuadas garantías. Además, como han denunciado ACNUR y diversas
organizaciones de derechos humanos, en diversas ocasiones, muchas personas
sirias o iraquíes han sido devueltas por el Gobierno turco a sus países de
origen, lo que ha vulnerado el principio de no devolución. En el acuerdo no
aparece ninguna garantía expresa de que Turquía respetara ese principio
respecto a quienes sean devueltos a Turquía, una cláusula que estaba en los
primeros borradores del acuerdo firmado.
Además, miles de personas refugiadas viven en Turquía en campos que no
reúnen las condiciones adecuadas para una vida digna, en espacios donde las
mujeres son muy vulnerables a la discriminación y violencia de género (incluida
la trata) y donde miles de niños y niñas no son escolarizados. Se trata,
además, de un país sobre el que la propia Unión Europea ha venido mostrando en
el pasado preocupación por la situación de respeto a los derechos humanos: la
situación de la oposición política, los defensores y las defensoras de derechos
humanos (en especial, de los derechos de las mujeres), los periodistas y medios
de comunicación, así como las minorías étnicas (especialmente la población
kurda).
El acuerdo menciona que se agilizará la disponibilidad de 3.000 millones de
euros (ampliable a otros 3.000) del Fondo Europeo para Refugiados para las
personas sirias reconocidas bajo protección temporal en Turquía. Pero nada
dice, como exigía el Parlamento, de cómo se reforzarán los mecanismos de
control sobre el efectivo destino de dicha ayuda a Turquía.
PROPUESTA
DE ACUERDO
Por todo ello, sometemos a la
consideración del Pleno de la Corporación la siguiente Propuesta de Acuerdo,
solicitando:
1. Mostrar
su rechazo el acuerdo UE-Turquía por resultar ineficaz para resolver el drama
humanitario de los refugiados, suponer una medida que encubre deportaciones
colectivas en contra de la legislación internacional de derechos humanos, y
resultar en la práctica una externalización del control de fronteras a cambio
de prebendas económicas y políticas a Turquía.
2. Instar
al ejecutivo español que retire el apoyo a dicho acuerdo en virtud del mandato
recibido del Parlamento español de no votar a favor de un acuerdo que no
incluya las garantías de respeto de las obligaciones de España y la Unión
Europea con los derechos de las personas refugiadas y migrantes.
3. Instar
al Gobierno de España a que articule vías legales y seguras de entrada en
España, restableciendo la posibilidad de solicitar protección internacional en
todas las embajadas y consulados españoles y habilitar la concesión de visados
humanitarios.
4. Instar
al Gobierno de España a que elimine la exigencia del visado de tránsito por
parte de España para aquellas personas que proceden de países en conflicto,
especialmente Siria.
5. Instar
al Gobierno de España a agilizar el proceso de reubicación ya aprobado por la
Comisión Europea y con el que nuestro país se ha comprometido.
6. Comunicar la adopción del presente acuerdo
al Gobierno de Canarias para que valore las actuaciones que estime oportunas; a
la Federación Canaria de Islas (FECAI) y a la Federación Canaria de Municipios
(FECAM) para que se haga extensivo a sus miembros.
El portavoz del Grupo Mixto de Podemos
en el Cabildo de La Palma:
Dailos González Díaz
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