Hoy hubo pleno en el Cabildo Insular de La Palma, y en el mismo, la moción que ya ha ido presentando Podemos en distintas instituciones sobre el impulso del registro de las explotaciones de titularidad compartida de las explotaciones agrarias, fue aprobada por unanimidad con el aporte de las enmiendas del resto de grupos políticos. Hay que recordar que el objetivo de todo esto es el reconocimiento de derechos a las mujeres rurales y garantizar la igualdad de oportunidades. Ya compartí estos días por este medio el comunicado al respecto de esta moción.
En cuanto a la moción del Partido Popular "para apoyar y respaldar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado como garantes del estado de derecho", su contenido no venía a atender a necesidades y reivindicaciones laborales y salariales que miembros de dichas fuerzas y cuerpos de seguridad han defendido en distintas ocasiones, sino a algo completamente distinto, y esto es, respaldar la brutal represión policial contra ciudadanos y ciudadanas pacíficas en Cataluña estos días. Recordé que si el Gobierno consideraba ilegal el referéndum del pasado 1 de octubre, le hubiera bastado con no reconocer los resultados, pero sin embargo lo que hizo fue cargar violentamente contra personas que simplemente iban a votar. Mostré por ello las fotos de los resultados de la brutalidad policial, con numerosas personas heridas. La responsabilidad de todo esto no debe recaer en los policías y guardia civiles en cuanto personas, en cuanto trabajadores y trabajadoras, sino en quienes dieron las órdenes para actuar de esa manera. También hablé del aumento de la represión en el Estado español, si bien los "Jordis" no son los primeros presos políticos, también hay desde hace tiempo más presos políticos como Alfon. Posteriormente entablé un debate con el presidente del Cabildo Anselmo Pestana en torno a los conceptos de legalidad y democracia, muy interesante ciertamente, aunque alejado del tema que se discutía inicialmente. Mi voto fue el único contrario a la moción del Partido Popular.
En el turno de ruegos y preguntas hice notar al señor José Luis Perestelo de la aparente contradicción entre sus declaraciones sobre los vertidos de aguas residuales al mar en la isla de La Palma, y las declaraciones de la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno canario, Nieves Lady Barreto, de su mismo partido.
Así, en el periódico El Apurón, el 17 de agosto de 2017 aparecieron las declaraciones del vicepresidente José Luis Perestelo diciendo que en La Palma “no hay datos objetivos que permitan deducir que se está vertiendo agua al mar de manera irregular", indicando, además, que en la isla no existe ninguna denuncia de ningún vertido irregular porque “todos los vertidos están controlados y garantizado el tratamiento previo y la prueba, como digo, es que no que no hay ningún expediente sancionador incoado por este motivo”.
En cambio, el 13 de septiembre de 2017 el periódico La Opinión se hace eco de la comparecencia de la consejera Nieves Lady Barreto en el Parlamento de Canarias en la que da cuenta de los vertidos irregulares existentes en las distintas islas, señalando que "en La Palma hay 17 vertidos censados, de los que 14 no cuentan con autorización, si bien 5 están en trámite".
Además, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural ofrece una serie de datos sobre expedientes abiertos por infracciones medioambientales entre 1999 y 2014 (a partir de esa fecha no están disponibles aún los datos), pudiéndose observar que en ese periodo, en la isla de La Palma, se abrieron 55 expedientes por vertidos al mar.
La respuesta de José Luis Perestelo fue que, en el momento de hacer esas declaraciones, no tenía los datos sobre vertidos en la isla de La Palma y que no podía hablar simplemente por intuición sin disponer de datos objetivos.
Ante esta respuesta, cabe preguntarse, bien, no se puede hablar por intuición, pero tampoco por intuición puede negarse la existencia de algo o hacer afirmaciones del tipo "todos los vertidos están controlados y garantizado el tratamiento previo" cuando no es así, y cuando se carece de datos objetivos que demuestren que todos los vertidos están controlados y tratados.
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