El consejero Dailos González presenta una moción pidiendo que se garantice el derecho a la Prestación Canaria de Inserción

• La moción va en la línea de la ya aprobada por el Cabildo Insular de Tenerife

El consejero no adscrito Dailos González Díaz presenta una moción en el Cabildo Insular de La Palma en la que se pide se garantice el derecho a la Prestación Canaria de Inserción y se dote a las instituciones de personal suficiente y financiación para hacerla efectiva. Dicha moción será debatida en el pleno a celebrar el lunes 29 de mayo.

La moción va en la línea de la ya debatida en el Cabildo Insular de Tenerife el pasado mes de abril, y que tras una serie de enmiendas fue aprobada en sesión plenaria.

Entre los puntos de dicha moción está el exigir al Gobierno de Canarias el aumento de las partidas presupuestarias destinadas a la Prestación Canaria de Inserción (PCI) “en la cuantía necesaria para asegurar la cobertura de la demanda existente” así como que “amplíe el plazo de duración de la misma, prorrogándola de forma automática mientras persista la situación de precariedad económica que dio lugar a su concesión”. Además, se pide el compromiso de impulsar planes comarcales de desarrollo integral que incluyan la potenciación de servicios de cuidado, redes de apoyo comunitario, iniciativas de cooperación social y alternativas de economía social y creación de empleo, con el fin de contribuir a la integración social de las personas perceptoras de PCI.

Esta moción parte de una crítica al actual funcionamiento de la PCI, pues “se ha convertido casi en una estafa” debido a las trabas que dificultan y/o impiden que muchas familias lleguen a cobrarla, pues sólo se percibe en uno de cada mil hogares canarios, llegando apenas al 17 por ciento de la población que podría acceder a esta ayuda y a una de cada tres personas en riesgo de pobreza. Como dato a tener en cuenta, a día de hoy la PCI sólo alcanza al 0,5 por ciento de la población en pobreza o exclusión, situada en unas 700 mil personas en las Islas. 

Por eso, la moción pide al Gobierno de Canarias y a los ayuntamientos que incrementen la dotación de profesionales responsables de la atención a demandantes de PCI, que garanticen la estabilidad de dicho personal y mejoren el proceso de tramitación, acortando el tiempo de espera y asegurando su resolución en tiempo y forma.

Canarias es uno de los territorios más empobrecidos y desiguales del Estado español y de toda la Unión Europea. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2017 la tasa de desempleo de Canarias es del 25,85 por ciento, siete puntos más que la media estatal (que es del 18,9 por ciento) y un punto de subida de desempleo en relación al trimestre anterior. 

Además, la crisis ha dejado a más de 58.000 hogares canarios sin ningún tipo de ingresos, que la mitad de demandantes de empleo no tienen derecho a prestación ni subsidio y el número de personas paradas de larga duración se triplicó entre 2016 y 2017. “Esta situación es realmente alarmante”, señala Dailos González, por lo que la solución no se encuentra únicamente en la PCI, sino que debe proponerse también “un Sistema de Garantía de Rentas como derecho subjetivo, individual, sin limitación de tiempo, y con una cuantía equivalente como mínimo al SMI, para aquellas personas que no tienen ingresos, de implementación progresiva, que unificaría y optimizaría las diferentes modalidades de prestaciones económicas no contributivas, asegurando unas condiciones materiales de vida dignas a todas las personas”.

La propuesta de acuerdo presentada al Cabildo para ser debatida en pleno es la siguiente:

1. Exigir al Gobierno de Canarias el aumento de las partidas presupuestarias destinadas a la Prestación Canaria de Inserción, tanto para aumentar el número familias a las que llega, efectivamente, la prestación, y para que su percepción sea inmediata (un mes y , en cualquier caso, apoyo en los posibles meses de espera) para todas las personas que tienen derecho a percibirla, así como para incrementar el personal dedicado a la gestión ágil y eficaz del procedimiento y a apoyar la inserción social, educativa y laboral vinculada a la ayuda en los ayuntamientos. Asimismo se hace imprescindible aumentar su duración actual de dos años al tiempo que sea necesaria en cada caso, esto es, mientras las personas beneficiarias no tengan otros ingresos, e incrementar la cuantía hasta aproximarse al SMI.

2. Instar de forma paralela desde el Gobierno de Canarias al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que autorice a las administraciones competentes a contratar de manera continua y estable el personal necesario para garantizar el derecho de la ciudadanía a percibir la Prestación Canaria de Inserción y que las personas beneficiarias reciban en tiempo y forma esta ayuda.

3. Instar a todos los ayuntamientos de la Isla a aumentar la partida presupuestaria municipal dedicada a la Prestación Canaria de Inserción.

4. Instar a los ayuntamientos a implementar un protocolo que permita reforzar el trabajo en red y optimizar los recursos ya existentes en cada municipio y la puesta en marcha de nuevos proyectos para establecer itinerarios de integración social, educativa y laboral de todas las personas que perciben la PCI en su ámbito territorial.

5. Exigir a los parlamentos y a los gobiernos estatal y canario que pongan fin a las políticas neoliberales, den marcha atrás a los recortes presupuestarios en servicios públicos esenciales y garanticen los derechos sociales de la ciudadanía.

6. En particular, instar a dichas administraciones a implementar un Sistema de Garantía de Rentas como derecho subjetivo, sin limitación de tiempo, y con una cuantía equivalente como mínimo al SMI, que unificaría y optimizaría las diferentes modalidades de prestaciones económicas no contributivas, asegurando unas condiciones materiales de vida dignas a todas las personas.