Desde hace varias semanas están teniendo lugar en todo el Estado Francés una serie de movilizaciones sociales contra el CPE (Contrato del Primer Empleo) y el CNE (Contrato del Nuevo Empleo) aprobados por el gobierno de ese país.
El CPE es una reforma laboral que permite el despido sin justificar sin indemnización durante los 24 primeros meses de trabajo en menores de 26 años. Desde el gobierno se defiende dicha reforma argumentando que su objetivo es el combatir el desempleo juvenil. Sin embargo, todo esto nos lleva a una reflexión.
La reforma laboral que pretende imponer el gobierno francés no se trata de un hecho aislado restringido al territorio del Estado Francés, y mucho menos de un “error político” del primer ministro Villepin. El CPE ha de enmarcarse dentro de las políticas del neoliberalismo que se están implantando en gran parte del mundo. No se trata de un simple desmantelamiento del estado del bienestar, sino una involución en los derechos conseguidos por la clase trabajadora, y por la ciudadanía en general, a lo largo del último siglo. La involución en los derechos sociales es fruto directo del neoliberalismo, sistema en el cual el incremento máximo posible de las ganancias de las grandes empresas multinacionales está por encima del respeto a las personas.
El discurso político dominante hace una alusión constante al desempleo, y a las políticas para acabar con el desempleo (de hecho, cualquier reforma laboral se argumenta en este sentido). De este modo, el paro es presentado como un problema que afecta las personas desempleadas, y que se soluciona cuando estas encuentran un trabajo. Sin embargo nunca se hace alusión a las condiciones de dicho trabajo, y pocas veces a los derechos de las personas que trabajan. Con este panorama se hace necesario volver a recordar algo que debiera parecer obvio: el papel que desempeñan en el trabajo las personas que reciben un salario, es bien distinto al que desempeña el empresariado. El empresariado lo que busca ante todo son personas que trabajen de un modo eficiente, que sean sumisas y que cumplan su “deber” no alterando el orden de las cosas, y que generen el mayor beneficio y el menor gasto posible para este empresariado. Es el fundamento principal del liberalismo, el maximizar los beneficios, por encima de los derechos de las personas que realmente generan esos beneficios trabajando; o dicho de otra manera, sacar el máximo beneficio posible del trabajo realizado por el proletariado. Con la precarización del empleo se logra precisamente una actitud más sumisa por parte de los trabajadores y trabajadoras, sobre quienes pesará en todo momento la amenaza del despido, habiendo perdido además un gran número de derechos laborales.
Ahora habrá que ver si todas estas movilizaciones se van a centrar exclusivamente en la lucha contra el CPE, o si estas llevarán tarde o temprano a un cuestionamiento de todo el modelo económico neoliberal. Probablemente habrá una desmovilización si se produce algún cambio en el color del gobierno, pero por otro lado, tampoco sería la primera vez que el descontento ante un hecho concreto desemboque en el cuestionamiento de todo un modelo.
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