MOCIÓN PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA PCI
Y PARA AVANZAR HACIA UN SISTEMA DE GARANTÍA DE RENTAS
EN CANARIAS
Como siempre, junto a la parte dispositiva de la moción presento una exposición
de motivos, fruto del trabajo realizado por compañeras y compañeros de
distintas islas, que ayuden a comprender el por qué de esta moción y, a su vez,
aporte algunos datos a tener en cuenta a la hora de empezar a trabajar en caso
de que sea aprobada.
Pobreza y desigualdad social en Canarias
Canarias es uno de los territorios con mayores índices
de empobrecimiento y desigualdad del Estado español y de toda la Unión Europea.
Mientras que en nuestro archipiélago se baten récords de ingresos en el sector
turístico, la tasa de desempleo sigue siendo muy alta y la precariedad laboral
aumenta.
Algunas de las consecuencias más graves del evidente
fracaso del modelo neoliberal en nuestra tierra son las enormes tasas del
desempleo y la precarización laboral (incluso en momentos de supuesta bonanza)
que, a su vez, empeoran o provocan otras complejas problemáticas sociales.
Según el estudio “Desigualdad, pobreza y cohesión
social en Canarias. Análisis de su incidencia y distribución entre la población
canaria. Informe realizado para el Comisionado de Inclusión Social y Lucha
Contra la Pobreza del Gobierno de Canarias” (julio de 2016), nuestras islas
destacan en el contexto autonómico estatal, además de por menores niveles
salariales, por una gran desigualdad, así como por una elevada tasa de
incidencia del empleo de bajos salarios, lo que se traduce en una mayor
prevalencia de situaciones de riesgo de pobreza entre las personas ocupadas
(pobreza laboral o in-work-poverty).
A continuación,
exponemos algunos datos que avalan estas afirmaciones:
Según la
Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2016, la tasa de
paro en Canarias es del 24,5%, frente al 18,63% del conjunto del Estado.
Según el OBECAN, el número de personas paradas según
Paro SEPE a marzo de 2017 se sitúa en 230.779, que son sólo las personas
apuntadas como demandantes de empleo,
dato que no coincide con el paro real que mide la EPA y que siempre es
mayor, pero que es una información no disponible a día de hoy porque el INE aún
no ha publicado la EPA del primer trimestre de 2017.
Canarias es una de las comunidades autónomas con mayor
índice de pobreza, el 28,5% según la última Encuesta de Condiciones de Vida
(2016) del Instituto Nacional de Estadística, mientras que la media de pobreza
estatal es del 22,1%. En nuestro archipiélago, el índice de pobreza creció un
punto respecto al año anterior.
Según esta misma encuesta, el número de hogares que
reconocen que pasan muchas dificultades para llegar a fin de mes casi se ha
duplicado en el último año en Canarias, al pasar del 19,5% al 34,5 %, el
porcentaje más alto de todo el Estado español.
Canarias es también la comunidad autónoma donde más
hogares admiten que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos, el
67,7 % (28 puntos por encima de la media estatal, que está en 39,4 %).
Los hogares canarios figuran, asimismo, a la cabeza
del Estado en dificultades para pagar los gastos asociados a la vivienda, como
alquiler, hipoteca, comunidad o recibos de energía: el 18,1% se ve en esa
situación, el doble que la media española (9,4%).
Desde 2010, los salarios del empleo principal en
Canarias no dejan de disminuir, siendo en 2014 un 13,8% inferiores (259,69
euros menos) que la media estatal.
El salario medio de los empleos a jornada parcial en
2014, fue un 18% inferior en Canarias que en el conjunto del Estado.
Sin embargo, no se trata de un empobrecimiento generalizado
que afecta a todos los sectores de la población, pues muchas veces, el aumento
de la pobreza es paralelo a un aumento de la riqueza entre la minoría más
privilegiada de la sociedad. Es decir, los pobres cada vez más pobres y los
ricos cada vez más ricos, y no es un dato que nos estemos inventando.
Según REDESSCAN, Red Canaria en Defensa del Sistema
Público de Servicios Sociales, entre 2007 y 2012 aumentó un 25% la brecha entre
ricos y personas empobrecidas en Canarias.
Según se deduce de la lista Forbes, los cinco hombres
más ricos de Canarias podrían gastarse un millón de euros al día. Mientras,
unas 150.000 personas en nuestras islas sobreviven sin ningún ingreso.
Sin embargo, la respuesta que se está dando desde las
administraciones públicas a las situaciones de desigualdad, pobreza,
vulnerabilidad y exclusión social no está a la altura de lo que la realidad
social demanda.
La Ley de la
Prestación Canaria de Inserción (PCI)
La Ley 2/2015, de 9 de febrero, de modificación de la
Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de
Inserción realiza en su exposición de motivos, entre otras consideraciones, las
siguientes:
“Entre las resoluciones del Parlamento de Canarias
adoptadas el 29 de julio de 2013, en relación con la Estrategia Canaria frente
a la Pobreza, la Exclusión Social y a favor del Desarrollo Humano 2013-2015, se
encontraba la de “modificar de forma urgente la Ley 1/2007, de 17 de enero, por
la que se regula la Prestación Canaria de Inserción (PCI), con el objeto de:
– Ampliar el colectivo destinatario de la misma a
todas aquellas personas que no dispongan de recursos económicos y estén en
riesgo de exclusión social.– Garantizar el acceso rápido y efectivo a la ayuda
que supone la PCI a las personas que lo solicitan, estableciendo por ley un
plazo de dos meses para resolver las solicitudes desde su recepción por parte
del departamento del Gobierno.– Simplificar procedimientos y acortar tiempos de
respuesta, mejorando la aplicación informática empleada para su tramitación y
gestión”.
Igualmente desde la citada estrategia se hace hincapié
en señalar que “es indispensable procurar una respuesta más inmediata y efectiva
a los solicitantes, agilizando el actual procedimiento mediante la
simplificación de trámites y documentos a presentar”.
Mientras, en su artículo 1, la Ley 2/2015 plantea que:
“La presente ley tiene por objeto regular, en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, la Prestación Canaria de
Inserción, para conseguir la inserción social, económica y laboral de aquel
sector de la población en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo,
que proporcionará:Una prestación económica, que recibirá el nombre de
ayuda económica básica, cuya finalidad es ofrecer cobertura a las necesidades
básicas de la vida a quienes, por carecer de recursos materiales, se encuentren
en situación de mayor desigualdad social respecto al promedio de la población canaria.Apoyos a la integración social mediante la realización
de actividades de inserción, dirigidas a transformar o prevenir situaciones de
necesidad relacionadas con dificultades de inserción social, laboral y escolar,
o ligadas a razones de desestructuración familiar, educativa, o desajustes
personales”.
Y el artículo 39 de la misma ley, define las
competencias de los Ayuntamientos respecto a la PCI:
“a) La detección de las personas en situación o riesgo
de exclusión y la puesta en marcha de las acciones asistenciales y
rehabilitadoras que posibiliten la inserción social de las mismas.b) La recepción de las solicitudes y la tramitación
administrativa de la Prestación Canaria de Inserción en su fase de iniciación
del procedimiento.c) La elaboración de los informes sociales y la
elaboración del documento que contenga los programas específicos de actividades
de inserción dirigidos a la unidad de convivencia, o en su caso, a alguno de
sus miembros.d) El seguimiento de los beneficiarios de la
Prestación Canaria de Inserción y el control del cumplimiento de las
obligaciones y requisitos exigidos en la presente ley, y en particular, el
seguimiento de la participación de las personas incluidas en los programas
específicos de actividades de inserción dirigidos a la unidad de convivencia.e) La cooperación con la Administración autonómica en
la fijación de criterios de uniformidad en la tramitación de los expedientes,
así como en la aplicación de las medidas contempladas en la presente ley, y, en
su caso, en las normas de desarrollo”.
Sin embargo, del planteamiento de esta ley a su
aplicación real, hay un largo trecho que intentaremos detallar a continuación.
La estafa de
la Prestación Canaria de Inserción (PCI)
La Ley Canaria de la PCI se está incumpliendo gravemente.
Cada día recibimos quejas de personas que se sienten estafadas y engañadas
porque cualquier parecido entre lo que establece la norma y la realidad es pura
coincidencia.
La Prestación Canaria de Inserción es una prestación
del Gobierno de Canarias. Dicha Prestación debería llevar aparejada una partida
económica suficiente para poder ser desarrollada por las Corporaciones Locales
en los términos que marca la ley. En la actualidad esto no es así.
Desde el año 2012 la aportación económica para la PCI
del Gobierno de Canarias a los municipios ha ido descendiendo. Con esta
aportación económica del Gobierno de Canarias es del todo imposible para los
ayuntamientos mantener una plantilla suficiente, en términos cuantitativos,
para la gestión de la PCI y, aunque muchos ayuntamientos están realizando un
importante esfuerzo para poder contratar a la plantilla de trabajadores/as de
la PCI, muchas veces este número de trabajadores/as es del todo insuficiente
para gestionar esta prestación en lo relativo a los acompañamientos,
intervenciones y seguimientos que promuevan la integración socioeducativa y
socio-laboral de las personas perceptoras. Por lo tanto, hay imposibilidad, en
las condiciones actuales, de poder realizar todas las tareas de promoción e
inclusión social de las personas perceptoras.
En relación a los presupuestos de Canarias 2016, el
director de Cáritas consideraba que "no era la prioridad del Gobierno de
Clavijo incorporar a las personas en situación de exclusión social".
La crisis en Canarias
ha dejado a más de 58.000 hogares sin percibir ningún tipo de ingreso y
el 50% de demandantes de empleo no tienen derecho a prestación ni subsidio. En
febrero de 2016 el número de personas paradas de larga duración era el triple
que en 2007.
Según el segundo informe de la situación de los
servicios sociales en las Islas elaborado por la Red Canaria en Defensa del
Sistema Público (Redesscan), presentado en diciembre de 2015, sólo en uno de
cada mil hogares canarios se percibe la prestación canaria de inserción,
únicamente la cobra el 17 % de la población que podría acceder a dicha ayuda y
una de cada tres personas en riesgo de pobreza.
La PCI sólo alcanza al 0,5% de
la población en pobreza o exclusión. Así, un total de 600.000 personas en
Canarias estaban en riesgo de exclusión social y la pobreza severa había subido
un 8 por ciento. En el periodo 2010-2015
"la demanda en servicios sociales había aumentado en un 40 % y sin
embargo, se habían reducido en 500 el número de trabajadores sociales”, de
manera que “la ratio es de un trabajador social por cada 16.000 personas cuando
lo recomendable es de uno por cada 3.000 personas".
Estas situaciones afectan de forma más intensa a los
sectores más vulnerables de la sociedad como son las mujeres, menores y
mayores. Aunque en los datos sobre exclusión social no hay desglose por sexo
sabemos que la feminización, el rostro
de la pobreza en Canarias "es el de una mujer, entre 29 y 45 años,
sola, con uno o dos niños a su cargo". En el año 2016 se hablaba de 13.000
familias, en las que existen 9.100
menores en riesgo de exclusión social. Ser mayor con escasos recursos aboca a
la pobreza y ser mujer mayor sin o con escasos recursos implica con mucha
probabilidad una situación de pobreza y/o exclusión.
Pese a que en 2016 se firmó un acuerdo con la
Federación Canaria de Municipios para destinar más de 12 millones de euros al
Plan Concertado de Prestaciones Básicas y a la gestión de la PCI para garantiza
la atención a las personas con mayores necesidades, las dotaciones siguen siendo
claramente insuficientes y su gestión adolece de serias dificultades.
En esta situación es imprescindible realizar una seria
reflexión sobre el sentido de la PCI en la situación socio-económica actual y
en las condiciones en las que los Ayuntamientos realizan las tareas que se
especifican en la legislación actual por falta de la financiación que debe
llevar aparejada la propia Prestación.
Es incalculable el número de personas en listas de
espera, dado que en el procedimiento establecido, no se procede al
reconocimiento como demandante de esta prestación hasta que las unidades de
trabajo social municipales no comienzan la tramitación de las mismas, y para
acceder a dichas UTS se puede tardar un tiempo imposible de reconocer.
Son muchas las informaciones que demuestran que se
está incumpliendo gravemente lo establecido en la ley pero la realidad todavía
es mucho más dura. Si bien consideramos la legislación y las estrategias de
lucha contra la pobreza y la exclusión trazadas por quienes gobiernan y han gobernado
en Canarias absolutamente insuficientes, lo mínimo que se les puede exigir es
que las cumplan.
Todo el sistema está configurado, en teoría, para que
la PCI sea la piedra angular de contención que frene la deriva de situaciones
de precariedad económica a las de exclusión social. Pero, en la práctica, las
administraciones públicas implicadas están poniendo tan pocos recursos humanos
para gestionarla que todo el sistema está colapsado:
Solamente cobra la prestación un porcentaje muy bajo
de las familias que tendrían derecho a percibirla.
Su abono se realiza con muchos meses de retraso en
algunos ayuntamientos, sobre todo, en los de mayor población del área
capitalina o metropolitana.
No se está apoyando los procesos de integración
socio-laboral vinculados a la ayuda.
La situación expuesta no es nueva, ha sido semejante
en toda la última década desde que se aprobó la Ley 1/2007, de 17 de enero, por
la que se regulaba la Prestación Canaria de Inserción.
No podemos mostrar solamente la cara crítica con el Gobierno
de Canarias porque esta realidad tiene también su lado crítico, según el
ayuntamiento de que se trate, pero estos pueden ser algunos rasgos:
Puede haber meses en que no haya nadie que gestione la
PCI en los ayuntamientos, lo que supone otro flagrante incumplimiento de la
ley.
En los Servicios Sociales municipales se dedica la
inmensa mayoría del tiempo a tramitar ayudas puntuales, por lo que no hay un
enfoque hacia una intervención social integral, de la que la PCI sería la
piedra angular.
La ratio de personal municipal, especializado y
dedicado a la Educación Social, Integración y Animación Sociocultural está muy
por debajo de lo necesario y deseable.
En particular, es insuficiente el apoyo que muchos
ayuntamientos están ofertando a las personas con menos recursos económicos y
más dificultades sociales para mejorar su integración educativa y laboral. Es
necesario que se amplíen las acciones para reforzar la empleabilidad de estas
personas y grupos.
Hay que mejorar ostensiblemente la coordinación con otras
entidades y trabajar en red para mejorar las posibilidades de integración de la
población en una situación más vulnerable. Actualmente se están desaprovechando
recursos y muchos ayuntamientos deben impulsar el establecimiento de la red y
su protocolo de actuación.
A todo ello añadir que al comenzar el año 2017 la
aplicación informática del Gobierno de Canarias para la tramitación de la
Prestación Canaria de Inserción se
bloqueó y ocasionó numerosos fallos que
impedían gestionar nuevas altas y también revisiones y renovaciones.
Hoy por hoy son muchas las personas en esta tierra que
tienen necesidad de recursos y la PCI no está siendo el instrumento que les
ayude a cubrir sus necesidades básicas. La PCI no es la solución, sino un
parche, si se quiere expresar así, tenemos que ir hacia un modelo que aborde
esta situación como un derecho que garantice unas condiciones de vida digna
para todas las personas, tenemos que ir hacia un sistema de garantía de rentas.
Pero mientras, mientras le seguimos exigiendo al Gobierno de Canarias que
cumpla sus propias leyes y financie adecuadamente la PCI, los ayuntamientos
también podrían ampliar su margen presupuestario para aumentar la partida
vinculada a esta prestación y permita, dentro de las limitaciones que ofrece este
modelo, atender las necesidades de personas que están padeciendo una situación
de pobreza.
Un cambio de
modelo: un sistema de Garantía de Renta.
Erradicar la pobreza y la exclusión social en nuestra
Isla es algo imposible en el marco neoliberal imperante que, por definición,
defiende la competencia y no la solidaridad. Por ello se debe defender un cambio
de modelo económico y social, y reclamar un sistema de garantía de rentas que
asegure a las personas la satisfacción de sus necesidades desde una lógica de
autonomía y dignidad.
Ante los elevados niveles de pobreza y desempleo, en
lugar de adelgazar el Estado Social, los gobiernos han de garantizar el
bienestar de la ciudadanía y no el de los mercados. Para ello consideramos
necesario la implantación de un Sistema de Garantía de Rentas, la articulación de un sistema de viviendas de
alquiler social utilizando el parque de viviendas vacías, el establecimiento de
sistemas locales de alimentación basados en la puesta en producción de terrenos
baldíos, huertos urbanos y sistemas de intercambio directo entre productores y
consumidores, la creación de empleo potenciando las energías renovables, los
servicios personales, el turismo sostenible y la promoción de procesos de
autogestión ciudadana, entre otras propuestas fundamentales.
Por ello, Unidos Podemos-En Comú-En Marea propuso al
Congreso el pasado 9 de abril de 2017 una Propuesta No Legislativa relativa a
un plan de Renta Garantizada basado en
prestaciones económicas dirigidas a todas las personas sin ingresos o
insuficientes, con el objeto de que no exista en el Estado español ninguna
persona por debajo del umbral de la pobreza. En ella, se pide al Gobierno que,
en coordinación con las comunidades autónomas y colectivos de la sociedad
civil, ponga en marcha un Plan de Garantía de Rentas dirigido a toda la
población, cuya duración sea ininterrumpida, que no deje de aplicarse hasta que
la persona beneficiaria salga de la situación de exclusión, que tenga carácter
complementario a los ingresos si existieran y que se aplique en diferentes
fases, dando prioridad a personas desempleadas sin ingresos de ninguna clase y
a hogares con menores, y cuya cuantía de esta prestación se sitúe por encima
del umbral de la pobreza monetaria con el objetivo de igualarlo al Salario
Mínimo Interprofesional.
No obstante, sin salirnos del marco político y
económico vigente, hay ejemplos de territorios con sistemas de ingresos mínimos
mucho más dignos, eficientes y eficaces que el de la PCI. Así, en el País Vasco
existe la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), regulada por la Ley 18/2008 de
23 de diciembre para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, así
como por el Decreto 147/2010 de 25 de mayo de la Renta de Garantía de Ingresos.
Tienen derecho a la RGI todas las personas y familias sin recursos económicos
suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Se tramita en el Servicio
Vasco de Empleo (Lambide) y está orientada a facilitar una salida laboral, por
lo que ha permitido reducir ampliamente la demanda asistencial en los Servicios
Sociales de Base.
En febrero de este mismo año, el Congreso de los
Diputados admitió a trámite, con los votos en contra del PP y C´s, la
Iniciativa Legislativa Popular presentada por los sindicatos mayoritarios para
implantar una Renta Mínima en el conjunto del Estado. Estaría dirigida a las
personas sin empleo ni ingresos, demandantes de empleo y su cuantía sería de
426 euros al mes. Aunque esta iniciativa es insuficiente, es positivo que se
avance en el sentido de establecer un sistema de garantía de ingresos para toda
la ciudadanía.
Mientras, la administración canaria y las
corporaciones locales tienen el deber de garantizar los derechos humanos y, por
tanto, dar respuesta a las necesidades de la parte de nuestro pueblo que está
en una situación de mayor pobreza y vulnerabilidad social.
Por todas las
razones expuestas, el Pleno del Cabildo Insular de La Palma ACUERDA:
1. Exigir
al Gobierno de Canarias el aumento de las partidas presupuestarias destinadas a
la Prestación Canaria de Inserción, tanto para aumentar el número familias a
las que llega, efectivamente, la prestación, y para que su percepción sea
inmediata (un mes y , en cualquier caso, apoyo en los posibles meses de espera)
para todas las personas que tienen derecho a percibirla, así como para
incrementar el personal dedicado a la gestión ágil y eficaz del procedimiento y
a apoyar la inserción social, educativa y laboral vinculada a la ayuda en los
ayuntamientos. Asimismo se hace imprescindible aumentar su duración actual de
dos años al tiempo que sea necesaria en cada caso, esto es, mientras las
personas beneficiarias no tengan otros ingresos, e incrementar la cuantía hasta
aproximarse al SMI.
2. Instar
de forma paralela desde el Gobierno de Canarias al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas para que autorice a las administraciones competentes
a contratar de manera continua y estable el personal necesario para garantizar
el derecho de la ciudadanía a percibir la Prestación Canaria de Inserción y que
las personas beneficiarias reciban en tiempo y forma esta ayuda.
3. Instar
a todos los ayuntamientos de la Isla a aumentar la partida presupuestaria
municipal dedicada a la Prestación Canaria de Inserción.
4. Instar
a los ayuntamientos a implementar un protocolo que permita reforzar el trabajo
en red y optimizar los recursos ya existentes en cada municipio y la puesta en
marcha de nuevos proyectos para establecer itinerarios de integración social,
educativa y laboral de todas las personas que perciben la PCI en su ámbito
territorial.
5. Exigir
a los parlamentos y a los gobiernos estatal y canario que pongan fin a las
políticas neoliberales, den marcha atrás a los recortes presupuestarios en
servicios públicos esenciales y garanticen los derechos sociales de la
ciudadanía.
6. En
particular, instar a dichas administraciones a implementar un Sistema de
Garantía de Rentas como derecho subjetivo, sin limitación de tiempo, y con una
cuantía equivalente como mínimo al SMI, que unificaría y optimizaría las
diferentes modalidades de prestaciones económicas no contributivas, asegurando
unas condiciones materiales de vida dignas a todas las personas.
Dailos González Díaz
