Tuesday, April 19, 2016

Racismo, elitismo y huesos



Dailos González Díaz
Uno es consciente de que, entre la mayoría de la población, existe un desconocimiento bastante acusado en torno a las cuestiones históricas; tanto es así que, cuando se habla de asuntos de historia, se tiende a caer en tópicos y prejuicios, así como errores que continuamente se vienen alimentando. Lo que no es de recibo es que éstos errores sean difundidos por personas con un cierto nivel formativo, como es el caso de Alfonso González Jerez, autor de un libelo titulado “Historia y huesos” publicado el pasado 2 de marzo en La Opinión de Tenerife. No, Alfonso González Jerez no es ningún ignorante, y eso hace que su artículo sea aún más grave, pues lo que busca es el engaño, la manipulación, el seguir difundiendo entre la población una serie de tópicos del más rancio ultraconservadurismo, travestido de una pseudoprogresía elitista.

A veces, cuando faltan las palabras, puede llegar a ser legítimo inventarlas, por ello, el escritor Víctor Ramírez creó una muy atractiva que es la de “ignorantación”, es decir, difundir falsedades, mentiras, manipulaciones, para hacer a la gente más ignorante. Pues bien, esa es la labor que ha desempeñado Alfonso González Jerez con su artículo,  ignorantar a la gente, haciendo el trabajo de un verdadero policía cultural.

No voy aquí a exaltar la figura de Tenesor Semidán (Fernando Guanarteme), pues no entra dentro de los personajes históricos que gozan de mi simpatía. Por otro lado, es cierto que la labor científica de la arqueología debe estar orientada más a conocer cómo vivían y se desarrollaban las sociedades del pasado, para así comprender mejor las sociedades actuales, que en identificar los restos óseos de Tenesor Semidán (caso distinto, son los restos de represaliados de la Guerra Civil y la dictadura franquista que se encuentran en fosas comunes, y de los que hoy hay familiares directos que esperan darle un entierro digno a los mismos).  El problema es la terminología, pues la palabras no son nada inocentes ni neutrales, y el uso de determinados términos hacen saltar todas las alarmas.

El debate sobre los conceptos de Historia y Prehistoria es bastante amplio, y a día de hoy se considera un tanto arbitrario distinguir entre poblaciones “históricas” y “prehistóricas”, con toda la carga ideológica que ello conlleva, en la que la historia de numerosas poblaciones humanas es ninguneada, despreciada, considerada de segunda categoría, frente a la  “Historia con mayúsculas” de las grandes “civilizaciones”. Racismo y elitismo puro y duro.  Porque también resulta arbitrario decir que una población entra en la historia sólo porque la élite dominante comenzó a utilizar el instrumento de la escritura, mientras el resto de la población sometida permanecería probablemente en la prehistoria, hasta épocas muy recientes en las que el analfabetismo era la norma y no la excepción, pues la escritura no surge precisamente para la difusión de bellas obras literarias, sino como instrumento de administración y dominio de unos estados. Si, a día de hoy, se sigue manteniendo la división entre Historia y Prehistoria es, básicamente, por las fuentes fundamentales para el conocimiento histórico, así, aunque las poblaciones indígenas sí conocían y usaban la escritura, algunos historiadores siguen usando el término Prehistoria porque las fuentes fundamentales para el conocimiento de esas culturas son, bien las arqueológicas, o bien las fuentes escritas exógenas. Sigo sin estar de acuerdo con la utilización del término Prehistoria para hacer referencia a las poblaciones indígenas de Canarias, pero esto es un debate aún vigente y, en todo caso, completamente alejado de las connotaciones que Alfonso González Jerez pretende darle a esos términos.

Connotaciones claras cuando trata de contraponer la denostada “prehistoria” a lo que él considera Historia “de verdad”, exaltando a unos personajes que, por cierto, ya tienen sus homenajes, dedicatorias y museos en las islas, incluyendo Fernando de León y Castillo, máximo exponente en Gran Canaria del caciquismo de la Restauración, o Benito Pérez Galdós que, aunque nacido en Canarias, toda su obra literaria fue elaborada fuera de las islas, siendo la reivindicación de su supuesta canariedad toda una muestra del chovinismo del que se supone que Alfonso González Jerez pretendía huir. Y ahí aprovecha para difundir el peligroso mito de la “sobrevaloración” del patrimonio arqueológico frente al supuesto olvido del patrimonio posterior a la conquista, algo completamente falso, pues si la arqueología en Canarias, generadora de conocimiento científico, pasa hoy bastantes penurias, y buena parte de las intervenciones arqueológicas son intervenciones de urgencia, vemos como se emplean cantidades ingentes de dinero a la restauración y conservación del patrimonio histórico posterior a la conquista, centrándose, claro, en el patrimonio religioso y en las casonas de las élites adineradas. Pero ese elitismo no parece molestar a nuestro periodista, es más, se regodea en él.

Más preocupante es la afirmación de Alfonso González Jerez de que las poblaciones de Canarias anteriores a la conquista se encontraban en el “preneolítico”. Alfonso González Jerez sabe que eso es mentira, sabe cuál es el significado de los términos Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. Miente. Manipula. Engaña de forma consciente a sus lectores. Afirmar que las poblaciones de Canarias anteriores a la conquista eran preneolíticas es afirmar que desconocían la agricultura y la ganadería, escupiendo así sobre el trabajo de numerosos arqueólogos e historiadores, sobre las fuentes y sobre el sentido común. Incluso una clasificación de las antiguas culturas canarias como neolíticas sería problemática, pues estas categorías se establecieron en el siglo XIX tomando como base la cultura material europea y de Oriente Próximo, siguiendo un esquema evolucionista unilineal en el que el paso de sociedades cazadora-recolectoras a sociedades productoras equivalía a la aparición de materiales de piedra pulimentada, a la que seguirían la Edad del Bronce, primero, y la Edad del Hierro después, esquema que no resulta válido para otros territorios como América. La cuestión se complica en el caso de Canarias pues, recordemos, el primer poblamiento humano se desarrollo en torno al primer milenio antes de nuestra era, o el cambio de era (es un debate aún vigente dentro de la comunidad arqueológica en el que no vamos a entrar ahora), y lo protagonizaron sociedades norteafricanas que no se encontraban en el Neolítico, sino en otra estadio de desarrollo mucho posterior y que usaban, por cierto, metales en su lugar de origen, si queremos seguir el esquema tradicional. Simplemente, en Canarias no existían materias primas para una transformación metalífera y, en segundo lugar, las poblaciones norteafricanas que arribaron a las islas debieron adaptarse a un ambiente completamente diferente al de sus lugares de origen.

El hecho de que considere “disparatado” poner “al mismo nivel” a Tenesor Semidán que a Fernando León y Castillo, Gregorio Chil y Naranjo o Benito Pérez Galdós, señor mío, es puro y duro racismo. Así de sencillo. Para Alfonso González Jerez hay culturas superiores y culturas inferiores, consideración que, desde un punto de vista progresista, humanista o democrático, no sólo es que no se pueda sostener, sino que además debe ser combatida.

Thursday, April 14, 2016

“Moción de rechazo al Acuerdo UE-Turquía”

MOCIÓN 005-2016

A la Presidencia del Cabildo Insular de La Palma y los partidos políticos representados en el Cabildo Insular de La Palma.

El Grupo Mixto - Podemos en el Cabildo Insular de La Palma a través de su portavoz y Consejero Don Dailos González Díaz, y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta la siguiente moción para su debate y votación por el Pleno.

MOCIÓN DEL GRUPO MIXTO PODEMOS:
Moción de rechazo al Acuerdo UE-Turquía”
El Consejo Europeo, donde están representados los Gobiernos de los 28 estados miembros de la Unión Europea, aprobó recientemente por unanimidad un acuerdo entre la Unión Europea y Turquía que es inaceptable jurídicamente, vergonzoso éticamente y totalmente ineficaz para resolver la crisis de derechos humanos y humanitaria que vive Europa. Más allá de unos arreglos cosméticos, este acuerdo sigue vulnerando las obligaciones de Europa con la legislación internacional de los derechos humanos. Y, lo que es igualmente grave, el Gobierno de España en funciones ha desatendido claramente el mandato recibido del Parlamento español al votar a favor de un acuerdo que no incluye las garantías exigidas por el legislador español para conseguir que dicho acuerdo respetase las obligaciones de España y la Unión Europea con los derechos de las personas refugiadas y migrantes, que no son números, sino mujeres, hombres, niños y niñas con derechos y dignidad.
El pasado miércoles, 16 de marzo, la Comisión Mixta del Congreso y del Senado para la Unión Europea aprobaba por unanimidad una declaración institucional que fijaba la postura del Parlamento español ante el principio de acuerdo alcanzado el día 7 de marzo de 2016, entre la Unión Europea y Turquía, para la deportación colectiva a ese país de cualquier persona que llegue a las fronteras europeas (incluidas las que quieran pedir asilo o huyen de persecución, conflictos o violaciones de derechos humanos) a cambio de una serie de contrapartidas (económicas, exención de visados, apertura de negociaciones de admisión, etcétera). Dicho principio de acuerdo fue denunciado por organismos de Naciones Unidas, múltiples organizaciones y amplios sectores de la sociedad civil en España y toda Europa por vulnerar de manera flagrante la legislación internacional de derechos humanos. A él se opusieron, de manera unánime, todos los grupos parlamentarios.
El acuerdo pretende afrontar esta crisis de derechos humanos con un plan de deportaciones «urgente y temporal» y con un claro enfoque de seguridad y control migratorio, en vez de abordando las causas profundas de esta crisis. Causas que tienen directa relación, por un lado, con el creciente olvido (desde hace años) de los valores fundacionales de la Unión Europea y los derechos humanos en sus políticas de asilo y migración y, por otro, con una política exterior que, demasiadas veces, ha puesto sus intereses geopolíticos, de seguridad y económicos por encima de los derechos humanos.
El acuerdo no recoge garantías expresas, como exigía el Parlamento español y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, de que todo proceso de expulsión o devolución de todas las personas (migrantes y refugiados) sea individualizado y con las debidas garantías. Solo habla del proceso para quien pide asilo.
El acuerdo tampoco establece las garantías exigidas por el Parlamento español de que Turquía reformará su legislación para respetar la legislación internacional de derechos humanos. Turquía no es un país seguro para todas las personas que van a ser devueltas. No tiene un sistema de asilo que garantice la protección y una solución duradera, no reconoce como personas refugiadas de la Convención de Ginebra a quienes no sean de nacionalidad europea (por ejemplo, a los miles de iraquíes, afganos, eritreos o somalíes que podrían ser devueltos). A las personas sirias solo les reconoce un estatuto de protección temporal insuficiente y sin adecuadas garantías. Además, como han denunciado ACNUR y diversas organizaciones de derechos humanos, en diversas ocasiones, muchas personas sirias o iraquíes han sido devueltas por el Gobierno turco a sus países de origen, lo que ha vulnerado el principio de no devolución. En el acuerdo no aparece ninguna garantía expresa de que Turquía respetara ese principio respecto a quienes sean devueltos a Turquía, una cláusula que estaba en los primeros borradores del acuerdo firmado.
Además, miles de personas refugiadas viven en Turquía en campos que no reúnen las condiciones adecuadas para una vida digna, en espacios donde las mujeres son muy vulnerables a la discriminación y violencia de género (incluida la trata) y donde miles de niños y niñas no son escolarizados. Se trata, además, de un país sobre el que la propia Unión Europea ha venido mostrando en el pasado preocupación por la situación de respeto a los derechos humanos: la situación de la oposición política, los defensores y las defensoras de derechos humanos (en especial, de los derechos de las mujeres), los periodistas y medios de comunicación, así como las minorías étnicas (especialmente la población kurda).
El acuerdo menciona que se agilizará la disponibilidad de 3.000 millones de euros (ampliable a otros 3.000) del Fondo Europeo para Refugiados para las personas sirias reconocidas bajo protección temporal en Turquía. Pero nada dice, como exigía el Parlamento, de cómo se reforzarán los mecanismos de control sobre el efectivo destino de dicha ayuda a Turquía.
PROPUESTA DE ACUERDO

Por todo ello, sometemos a la consideración del Pleno de la Corporación la siguiente Propuesta de Acuerdo, solicitando:
1.      Mostrar su rechazo el acuerdo UE-Turquía por resultar ineficaz para resolver el drama humanitario de los refugiados, suponer una medida que encubre deportaciones colectivas en contra de la legislación internacional de derechos humanos, y resultar en la práctica una externalización del control de fronteras a cambio de prebendas económicas y políticas a Turquía.
2.      Instar al ejecutivo español que retire el apoyo a dicho acuerdo en virtud del mandato recibido del Parlamento español de no votar a favor de un acuerdo que no incluya las garantías de respeto de las obligaciones de España y la Unión Europea con los derechos de las personas refugiadas y migrantes.
3.      Instar al Gobierno de España a que articule vías legales y seguras de entrada en España, restableciendo la posibilidad de solicitar protección internacional en todas las embajadas y consulados españoles y habilitar la concesión de visados humanitarios.
4.      Instar al Gobierno de España a que elimine la exigencia del visado de tránsito por parte de España para aquellas personas que proceden de países en conflicto, especialmente Siria.
5.      Instar al Gobierno de España a agilizar el proceso de reubicación ya aprobado por la Comisión Europea y con el que nuestro país se ha comprometido.
6.      Comunicar la adopción del presente acuerdo al Gobierno de Canarias para que valore las actuaciones que estime oportunas; a la Federación Canaria de Islas (FECAI) y a la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para que se haga extensivo a sus miembros.

El portavoz del Grupo Mixto de Podemos en el Cabildo de La Palma:

Dailos González Díaz

Frente a Frente - 06 de abril - CSOA Taucho y Comunidad La Esperanza

En esta ocasión volvemos a traer al programa dos temas ya tratados anteriormente, dos experiencias de ocupación, de distinto carácter, en Gran Canaria y Tenerife. Se trata de la Comunidad La Esperanza en Gran Canaria, donde reside un gran número de familias sin recursos, proyecto que impulsó la Federación Anarquista de Gran Canaria; y la Casa Taucho en Tenerife, un centro social ocupado y autogestionado, proyecto socio-cultural impulsado en su día por Azarug, desde 1993.

Para hablar de estos temas contamos con Cristian (Tenerife) y con Ruymán (Gran Canaria).

Acompañamos el programa con música de Gato Barbieri, G.O.T.A. ft. Xcéntriko y un tema musical anónimo sobre la situación del plátano en La Palma.

Wednesday, April 13, 2016

Moción sobre fiscalización de las asignaciones de los grupos políticos del Cabildo Insular de La Palma

MOCIÓN 004-2016

A la Presidencia del Cabildo Insular de La Palma y los partidos políticos representados en el Cabildo Insular de La Palma.

El Grupo Mixto - Podemos en el Cabildo Insular de La Palma a través de su portavoz y Consejero Don Dailos González Díaz, y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta la siguiente moción para su debate y votación por el Pleno.

MOCIÓN DEL GRUPO MIXTO PODEMOS:

MOCIÓN DEL GRUPO MIXTO PODEMOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS ASIGNACIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA

En los Presupuestos Generales 2016, los Grupos Políticos recibirán una asignación de 237.054,00€ a repartir entre las distintas formaciones de acuerdo a la representación obtenida.
Se trata de una gran cantidad de dinero que tiene la particularidad de que no se fiscaliza ni se rinde cuentas sobre a qué va destinado, una anomalía que se debe solucionar. La legislación al respecto es bastante parca, siendo básicamente la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, reflejando el poco interés habido en fiscalizar las dotaciones económicas a los grupos políticos.
Por este motivo, desde el Grupo Mixto - Podemos proponemos que esta partida pase a fiscalizarse y se haga público su uso, regulando todo el proceso. Además, como demostración de voluntad de transparencia en un ámbito donde esta ha estado ausente, pedimos que se auditen las asignaciones a los Grupos Políticos de la pasada legislatura.

LEGISLACIÓN APLICABLE:

·         Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local:

o   Artículo 73.3 […]El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.
Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico de cada corporación.
Esta previsión no será de aplicación en el caso de candidaturas presentadas como coalición electoral, cuando alguno de los partidos políticos que la integren decida abandonarla.
Los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la dotación a que se refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida.

·         Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de Financiación de Partidos Políticos:

o   Artículo 2 apartado 1º e) Las aportaciones que en su caso los partidos políticos puedan recibir de los Grupos Parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Juntas Generales de los Territorios Históricos vascos y de los grupos de representantes en los órganos de las Administraciones Locales.
o   Artículo 14 apartado 4º. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, para la rendición de cuentas de los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Juntas Generales de los Territorios Históricos vascos y de los Grupos de las Corporaciones Locales, se estará a lo que dispongan sus respectivos Reglamentos o su legislación específica, que deberán respetar los principios generales de esta ley en materia de rendición de cuentas.

Por todo ello, el Pleno del Cabildo de La Palma aprueba:
1.      Incluir en el nuevo Reglamento Orgánico que los Grupos Políticos habrán de entregar al cierre del ejercicio económico los estados contables del empleo de los fondos públicos recibidos y que la Unidad de Intervención deberá emitir un informe de fiscalización antes del 31 de marzo del siguiente ejercicio.
2.      Pedir la contabilidad específica del ejercicio 2015 a los Grupos Políticos, quienes la entregarán antes de que acabe el segundo trimestre de 2016, con el objetivo de que la Unidad de Intervención, y demás departamentos competentes, fiscalicen y publiquen el uso de la dotación económica.
3.      La regulación en la Ordenanza de Transparencia de la publicación de las asignaciones, su destino y del informe fiscalizador.
4.      La modificación de la Base 44ª.- GRUPOS POLÍTICOS de las Bases para la Ejecución del Presupuesto General de 2016, añadiendo un punto 5 como sigue: 5. Los Grupos Políticos entregarán al cierre del ejercicio económico la contabilidad específica del uso de las asignaciones anteriores a la Unidad de Intervención.
5.      La petición a los portavoces de los Grupos Políticos del mandato anterior, para que pongan a disposición del Pleno del Cabildo los estados contables de las asignaciones públicas recibidas antes del final del segundo trimestre de 2016, para que la Unidad de Intervención proceda a su auditoría durante el presente ejercicio.




En Santa Cruz de La Palma a 12 de abril de 2016



Dailos González Díaz


Acto: ¿Qué pasa con el agua en La Palma?


Monday, April 04, 2016

Controversias - 31 de marzo de 2016


Programa "Controversias" de Canal 11 La Palma, presentado por Dailos Cañizares.

En el participé en representación de Podemos en un debate en el que también participaron Juan Ramón Rodríguez Marín (Coalición Canaria), María de Haro (Partido Popular) y Gonzalo Pascual (Partido Socialista Obrero Español).


Frente a Frente - 30 de marzo - Mujeres e historia (con María Eugenia Monzón)

Programa Frente a Frente correspondiente al 30 de marzo de 2016, presentado por Dailos González.

En esta ocasión entrevistamos a la historiadora María Eugenia Monzón Perdomo para hablar de la Historia desde una perspectiva de género, de la "Historia de las Mujeres". Generalmente, los estudios de Historia han excluido a la mitad de la población, que ha sido relegada a una posición subordinada, pero la perspectiva de género en la Historia no consiste exclusivamente en visibilizar a esa mitad "olvidada", las mujeres (con sus múltiples realidades) como si fuera un capítulo más, sino que afecta a la totalidad, a cómo se construye el género (masculino y femenino), y supone revisitar el pasado humano con otro enfoque, descubriendo nuevas realidades.

Acompañamos el programa con música de Bebe, Camila Moreno, Amparanoia y JM (Achicatnas)



María Eugenia Monzón: Doctora en Historia y profesora de Historia Moderna en la Universidad de La Laguna. Autora de varias monografías pertenecientes a sus dos líneas de investigación preferentes: Historia de la pobreza en Canarias en el Antiguo Régimen y Estudios de Historia de las Mujeres y las relaciones de Género centrados en el análisis de la participación de las mujeres en los espacios públicos. Es miembro del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la Universidad de La Laguna (IUEM) del que ha sido directora. Ha dirigido el Experto en Género y Políticas de Igualdad, título propio de la Universidad de La Laguna.


Tuesday, March 29, 2016

Frente a Frente - 23 de marzo - Isabel Medina

Programa Frente a Frente correspondiente al 23 de marzo de 2016, presentado por Dailos González.

En esta ocasión hablaremos con la escritora y poeta canaria Isabel Medina. Conversamos en primer lugar sobre su última novela "Olympe de Gouges. La libertad por bandera", y sobre quién fue esta figura de la Revolución francesa. También hablamos de su trayectoria literaria, desde sus inicios en la literatura infantil hasta su obra poética, así como los trabajos próximos a editar.

Acompañamos el programa con poemas de Isabel Medina musicados por Taburiente, Marisa y Rogelio Botanz.


Wednesday, March 23, 2016

Frente a Frente - 9 de marzo - Con Tazz Yeah

Programa Frente a Frente correspondiente al 9 de marzo de 2016, presentado por Dailos González y Pedro el Gasio.

En esta ocasión, tras un breve repaso a la actualidad política, entrevistamos a Tazz Yeah, rapero de la isla de Tenerife. Hablamos de su trayectoria, de su música, y de su hacer.

Saturday, March 19, 2016

Pleno del 18 de marzo

El pleno del Cabildo de La Palma de ayer aprobó por unanimidad, con algunas enmiendas, nuestra moción sobre pobreza energética.

Ésta es la parte dispositiva de la moción que presentamos:

- Primero: Instar al Gobierno de España a que:
A. Proceda a la transposición íntegra y adecuada de las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento y del Consejo Europeo sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad dirigidas a la lucha contra la pobreza energética en España y las bases comunitarias prioritarias en Política Energética.
B. Incorpore criterios de pobreza energética en la revisión del sistema de déficit de la tarifa eléctrica.
C. Garantice, con los medios legales y presupuestarios correspondientes, una cobertura de energía eléctrica para la subsistencia de aquellas familias que no puedan hacer frente al pago del recibo de la luz y cuenten con informes de los servicios sociales que así lo acrediten, evitando cortes de suministros que puedan afectar a la salud y dignidad de las personas.
D. Modifique los criterios de concesión del actual Bono Social, para que la renta familiar sea una valoración fundamental a la hora de su concesión y de la financiación de ayudas en el pago de la factura del consumo energético de la Tarifa Social Eléctrica.
E. Los costes derivados de la aplicación de la ayuda en el pago de la factura del consumo energético para paliar y reducir la pobreza energética corran a cargo, hasta alcanzar las cantidades calculadas por la Comisión Nacional de Energía, de la liquidación de la sobrecompensación por los denominados Costes de Transición a la Competencia por parte de las empresas eléctricas beneficiarias de los mismos, de modo que la contribución de cada empresa sea proporcional al exceso de compensación percibido.
- Segundo: Instar a todos los Ayuntamientos de la isla de La Palma a adherirse al convenio entre la FECAM y Endesa , para coordinar la gestión de ayudas dirigidas a cubrir las necesidades básicas de suministro eléctrico a las familias vulnerables.

Y éstas son las preguntas que realicé en el pleno de ayer, 18 de marzo de 2016. Las contestaciones no son literales, son tan sólo un resumen de las mismas.

1. La primera pregunta que quisiera realizar está relacionada con la reciente sentencia judicial que condena al Cabildo de La Palma a pagar al arquitecto Fernando Martín Menis (hermano, por cierto, de quien fuera presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín Menis, ya fallecido) por el proyecto de auditorio insular encargado, supuestamente, mediante acuerdo verbal. Nos gustaría que el señor Perestelo, responsable en esos momentos de esta institución, diera explicaciones al pleno respecto a la situación. ¿ha habido en otras ocasiones contratos o encargos verbales? Por otro lado ¿ha de ser la institución insular, con dinero de todos los palmeros y palmeras, quien haga frente a la multa, o debería serlo la persona responsable de que se diera esta situación?
→ José Luis Perestelo: Agradecimiento por el tono de la pregunta. Fernando Martín Menis entra en contacto con el Cabildo en 2006, cuando resulta adjudicatario tras concurso de la redacción de un proyecto de auditorio para La Palma. En 2008, el arquitecto presenta una ampliación del proyecto incorporando una Biblioteca de las Estrellas que (según Perestelo), el Cabildo no encargó y que, desde la institución, manifestaron en reiteradas ocasiones que no se podían producir modificaciones en la redacción del proyecto cuando ya estaba tramitándose . En 2009, el Cabildo no procedió a la devolución del modificado de la obra, y en la sentencia se señala que no se contesta a la reclamación; se reconocen algunos fallos, pues son evidentes, pero no fueron por mala fe. El Cabildo ha pedido una aclaración de la sentencia . En cuanto a los contratos verbales, es posible que en algunos momentos haya habido algunos, relacionados sobre todo contratos de suministros, como se ha visto en algunos reparos de intervención, pero que, por su parte, nunca fue responsable de ninguno de esos contratos.

2. Hemos visto en los medios de comunicación y en el portal de comunicación del Gobierno Autónomo, cómo se ha dado la Delegación de Gestión del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente ¿esto es consecuencia de una petición del Cabildo o es una decisión del Gobierno Autonómico? ¿en qué momento de la Delegación de gestión nos encontramos? ¿qué pasos se han dado? ¿Qué expectativas económicas tiene el Cabildo para asumir esa gestión?
→ Anselmo Pestana: Fue un acuerdo plenario tomado durante la anterior legislatura. Hace un año, la comisión técnica dio su aprobación, y se está en fase de negociación de medios materiales y humanos.

3. ¿qué piensa hacer la corporación insular tras la reciente sentencia sobre el Complejo Medioambiental de Los Morenos?
→ Anselmo Pestana: Parece que se actuó mal con respecto a la declaración de impacto ambiental. Los servicios técnicos y jurídicos están elaborando una propuesta, pero también hay que señalar que parte de las competencias, incluida la autorización del complejo, son del Gobierno de Canarias. No existe actualmente ningún otro sitio donde se pudiera colocar una instalación de ese tipo, y Los Morenos era el lugar más adecuado, lejos de núcleos de población y de espacios naturales protegidos.

4. ¿Qué pasos está dando Cabildo en relación a las industrias clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (industrias pesadas) en la isla? Hablamos de las Plantas de Asfalto Ahora tenemos un recurso de Lopesan ante el cierre de la misma, y una planta instalada en el Polígono Industrial de Los Llanos(Unaspa), que está pendiente de una sentencia judicial, y que está llamada a desaparecer de allí por los mismos motivos que la de Ruiz Romero. Ante esta situación, ya ha llegado el momento de buscar, sin más demoras, una alternativa que nos sea molesta para los vecinos y vecinas, sin que sea necesario tener dos o tres plantas de asfalto en una isla como esta, como ha llegado a proponerse. Deberían estar adaptadas a las necesidades reales de la isla, pues la competencia no abarata costes. ¿tienen pensada alguna ubicación alejada de núcleos de población? ¿se han planteado otras alternativas como plantas móviles?
→ Anselmo Pestana Lo estudiaremos en comisión, y los trabajos se están haciendo. Pero las plantas móviles están ligadas a la ejecución de obra pública y son iniciativa privada.

Tuesday, March 15, 2016

Moción sobre lucha contra la pobreza energética

CABILDO DE LA PALMA                         


MOCIÓN 003-2016

A la Presidencia del Cabildo Insular de La Palma y los partidos políticos representados en el Cabildo Insular de La Palma.

El Grupo Mixto - Podemos en el Cabildo Insular de La Palma a través de su portavoz y Consejero Don Dailos González Díaz, y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta la siguiente moción para su debate y votación por el Pleno.

MOCIÓN DEL GRUPO MIXTO PODEMOS:

Moción sobre lucha contra la pobreza energética
1.      Introducción justificativa de esta Moción[1]
Una importante masa de población, que sigue estando afectada por el desempleo y la crisis económica y social, padece serios problemas para acceder a los servicios básicos, llegando a tener que elegir qué pago de suministro esencial, agua o luz, abonar; y adoptando este tipo de decisiones en detrimento de otras necesidades esenciales, ya que la mayor parte de sus reducidos presupuestos familiares se han de dedicar a cubrir las necesidades alimentarias básicas y el pago de la vivienda.
Los cambios normativos en el sector eléctrico no han hecho sino empeorar esta situación, encareciendo todavía más la factura eléctrica de la población en el Estado español. El incremento de los costes fijos (potencia contratada) frente a los costes variables (consumo de energía) penaliza a las rentas más bajas, que son las que menos consumen, aumentando el fenómeno conocido como Pobreza Energética, además de desincentivar el ahorro energético de las familias con rentas más altas. Es vergonzoso que las familias no puedan afrontar el pago de sus recibos mensuales de electricidad, mientras empresas como Endesa –u otras de las que conforman el oligopolio energético en el Estado español– mantienen beneficios astronómicos.
La Pobreza Energética es, pues, la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de energía para sus necesidades básicas. Las causas que generan esta precariedad son diversas: desde los bajos ingresos en el hogar, una calidad insuficiente de la vivienda o los elevados precios de la propia energía. Sea cual fuere la causa, el hecho es que las consecuencias de este fenómeno para el bienestar de las familias son dramáticas, corriéndose el frecuente riesgo de sobreendeudamiento, e incluso de pérdida de conexión a este servicio elemental debido al corte de suministro que efectúa la compañía distribuidora.
La pobreza energética es una realidad que afecta a todos los estados miembros de la Unión Europea, encontrándose el Estado español[2] y Canarias a la cabeza de tan vergonzoso ranking. Según la Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios, del ISTAC, el 23 por ciento de la población del Archipiélago se situaba bajo la línea de pobreza relativa. Éste es el umbral por debajo del cual se considera que una persona carece de recursos propios suficientes para adquirir lo que necesita de acuerdo con su sociedad en el momento actual, calculado para 2013 (último estudio disponible) en 456 euros mensuales de ingreso equivalente por hogar[3]. El valor de la línea que separa la pobreza moderada de la severa se establece en 228 euros, lo que sitúa al 7 por ciento de la población canaria en niveles de pobreza severa. Este extremo de la pobreza se ha incrementado sustancialmente desde el inicio de la crisis, dando cuenta de que la reducción generalizada de los ingresos en Canarias ha generado además mayor desigualdad.
La energía, como el agua, son servicios básicos que deben concebirse como derechos inalienables (al menos en cuanto a su consumo doméstico dentro de los umbrales que resultan imprescindibles para poder vivir con dignidad), y no como bienes de mercado con los que especular. Por tal razón, las compañías de suministros deberían verse en la obligación de garantizar estos suministros a los hogares, cuando las familias no pueden hacerse cargo de las facturas por una situación de falta de recursos económicos.
Corresponde a las instituciones, por su parte, asegurar que la ciudadanía tenga las necesidades más perentorias cubiertas. Garantizar el derecho al acceso a la electricidad debe ser de una de estas prioridades. Conscientes de tal situación, desde la Unión Europea se está fomentando la aplicación de políticas que tengan en cuenta esta cruel realidad. Así las Directivas del Parlamento Europeo 2012/27/UE y 2009/73/CE instan a los Estados Miembros a incluir el concepto de pobreza energética a la hora de orientar sus políticas energéticas y de protección de consumidores, considerándola una prioridad social que debe ser abordada a todos los niveles para conseguir su erradicación[4].
El Bono Social constituye un mecanismo promovido por el Gobierno para proteger a la ciudadanía perteneciente a colectivos especialmente vulnerables, como personas mayores, familias monoparentales, personas en situación de paro de larga duración, personas dependientes, etc. Para ello resulta fundamental atender a los informes y estudios correspondientes de cada caso concreto, derivados desde los servicios sociales locales.
Desde 2009 existen ya algunas iniciativas legales de ámbito estatal que propician una transferencia desde las empresas eléctricas a este bono social destinado a facilitar el acceso a los insumos eléctricos de aquellas personas y familias en situación social más vulnerable. Sin embargo, estas medidas se han mostrado ineficaces para enfrentar el problema de la pobreza energética, en gran parte por la poca importancia de la variable de la renta entre los criterios considerados. Y es que, en efecto, el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que regula los consumidores vulnerables y el bono social, no define las características sociales, de consumo y poder adquisitivo para ser considerado un consumidor vulnerable, sino que remite a la normativa de desarrollo, y aclara que en todo caso, se circunscribirá a personas físicas en su vivienda habitual. Por su parte, la Disposición Transitoria Décima, en espera de que se desarrolle reglamentariamente el artículo 45.1, concede transitoriamente el derecho a beneficiarse de la tarifa del bono social a consumidores con una potencia contratada inferior a 3 kW, a consumidores de 60 años o más que sean pensionistas por jubilación, incapacidad permanente o viudedad que perciban las cuantías mínimas, a consumidores que sean familia numerosa y a los consumidores que tengan a todos los miembros de la unidad familiar en situación de desempleo. Ante esta falta de eficacia, algunas Comunidades Autónomas[5] han planteado una ayuda en el pago de estas facturas para afrontar directamente este problema.
Acaba de concluir, justo en las semanas que preceden a la celebración del Pleno del Cabildo que discute esta Moción, la Semana Europea de la Pobreza Energética (celebrada del 17 al 23 de febrero): una cita que pretende dar a conocer el problema de la pobreza energética a la ciudadanía, consolidar su reconocimiento, promover actuaciones coordinadas a nivel estatal y europeo y difundir iniciativas y prácticas que se están impulsando para paliarla y mitigarla en los hogares. Convocando a la sociedad civil y a las entidades públicas y privadas a reclamar una solución coordinada frente a la pobreza energética con la implicación de todos los actores.

Por todas las razones expuestas, el pleno del Cabildo Insular de La Palma ACUERDA:

Primero: Instar al Gobierno de España a que:
A.      Proceda a la transposición íntegra y adecuada de las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento y del Consejo Europeo sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad dirigidas a la lucha contra la pobreza energética en España y las bases comunitarias prioritarias en Política Energética.
B.      Incorpore criterios de pobreza energética en la revisión del sistema de déficit de la tarifa eléctrica.
C.      Garantice, con los medios legales y presupuestarios correspondientes, una cobertura de energía eléctrica para la subsistencia de aquellas familias que no puedan hacer frente al pago del recibo de la luz y cuenten con informes de los servicios sociales que así lo acrediten, evitando cortes de suministros que puedan afectar a la salud y dignidad de las personas.
D.     Modifique los criterios de concesión del actual Bono Social, para que la renta familiar sea una valoración fundamental a la hora de su concesión y de la financiación de ayudas en el pago de la factura del consumo energético de la Tarifa Social Eléctrica.
E.      Los costes derivados de la aplicación de la ayuda en el pago de la factura del consumo energético para paliar y reducir la pobreza energética corran a cargo, hasta alcanzar las cantidades calculadas por la Comisión Nacional de Energía, de la liquidación de la sobrecompensación por los denominados Costes de Transición a la Competencia por parte de las empresas eléctricas beneficiarias de los mismos, de modo que la contribución de cada empresa sea proporcional al exceso de compensación percibido.

Segundo: Instar a todos los Ayuntamientos de la isla de La Palma a adherirse al convenio entre la FECAM y Endesa[6], para coordinar la gestión de ayudas dirigidas a cubrir las necesidades básicas de suministro eléctrico a las familias vulnerables.

El portavoz del Grupo Mixto de Podemos en el Cabildo de La Palma:



Dailos González Díaz



[1]    Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a los colectivos sociales y profesionales que han colaborado en su preparación.
[2]    Según el estudio Pobreza Energética en España. Análisis de Tendencias, realizado en 2014 por la Asociación de Ciencias Ambientales, se estimaba que en 2012 (último año con datos disponibles) un 17 por ciento de los hogares residentes en España, que representan una población estimada en unos siete millones de personas, estaban destinando más del 10 por ciento de sus ingresos anuales (el doble de la media) al pago de la factura energética del hogar.
[3]    El cálculo de la línea de pobreza se establece en el 60 por ciento de la mediana del ingreso equivalente mensual del conjunto de la población. El ingreso equivalente es la cantidad de ingreso disponible que le corresponde a cada miembro del hogar, dividiendo el ingreso disponible mensual del hogar por el número de miembros adultos (14 años y más) y menores (menos de 14 años) que conviven en él. A partir del primer adulto, cuyo coeficiente de ponderación es 1, se otorga a cada adulto adicional un coeficiente de 0,5 y a cada menor un coeficiente de 0,3. Este procedimiento de cálculo se conoce como Escala OCDE modificada y, como se deduce de su procedimiento, es el ingreso correspondiente a una unidad de consumo dentro del hogar.
[4]    Recogido literalmente en el punto 1.2 de las Conclusiones del Dictamen 2011/C 44/09. Dictamen del Comité́ Económico y Social Europeo sobre el tema «La pobreza energética en el contexto de la liberalización y de la crisis económica».
[5]    Como, por ejemplo, la Orden de 23 de febrero de 2015 de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia.
[6]    Endesa y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) firmaron este convenio para evitar la pobreza energética el 3 de noviembre de 2015, estableciendo como objetivo coordinar la materialización de ayudas municipales destinadas a sufragar las necesidades mínimas de fluido eléctrico a familias económica y socialmente vulnerables.

Monday, March 14, 2016

Pleno extraordinario 14 de marzo

En el pleno de hoy, muy breve, apenas 5 minutos, fueron desestimadas las alegaciones a los presupuestos presentadas por Transportes Insular La Palma. Dichas alegaciones incluían algo que ya señalamos el pasado mes en el pleno sobre los presupuestos de 2016, y es que la cuantía prevista para la bonificación al transporte en guagua se reduce con respecto a los presupuestos del pasado ejercicio, cuando aumentó el número de personas que tienen derecho a hacer uso de ese bono de transporte. Fuimos quienes único votamos en contra de esa desestimación.

Vía libre a la destrucción de Canarias.

Dailos González Díaz

Oscuras nubes se ciernen sobre el futuro de Canarias. La nueva ley del suelo podrá dar vía libre a las mayores barbaridades y tropelías urbanísticas, por eso es aplaudida hasta con las orejas por un empresariado que busca dinero rápido y fácil para sus bolsillos, sin pensar en las consecuencias que puede traer consigo un modelo económico depredador del territorio, tan importante en un lugar con un espacio tan limitado como Canarias. Se quiere volver al viejo modelo de la burbuja inmobiliaria, uno de los factores que precisamente causó la crisis, y quieren venderlo, en una esperpéntica campaña de marketing, como el elemento que traerá trabajo y prosperidad al conjunto de la población. Nada de eso, más de lo mismo, cada vez mayores desigualdades sociales y rompiendo el frágil equilibrio entre el ser humano y el medio ambiente en el que éste desarrolla su vida y su actividad diaria porque, no nos olvidemos, el medio ambiente no consiste sólo en una serie de espacios naturales protegidos, concebidos como si fueran meras áreas de esparcimiento, o un parque en una ciudad, sino que el medio ambiente es aquel espacio, aquel territorio en el que las personas viven.

  Resulta obvio que cualquier plan territorial necesita ordenación, y esa ordenación necesita ser analizada y evaluada para evitar que los ayuntamientos cometan irregularidad, o bien contraviniendo la propia ley, o bien utilizando la institución para beneficiar a constructores y propietarios afines, casos no tan excepcionales dada la gran cantidad de episodios de posible corrupción que han ido saliendo a la luz pública durante todos estos años. Es cierto que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) no garantizaba que esos casos no se dieran, pero al menos existía un órgano de control que ahora desaparece, de modo que se corre el riesgo de que cometan más barrabasadas de consecuencias irreversibles sobre el territorio con esta falta de control. En esta imbricación entre los intereses del gran empresariado (una ínfima minoría de la población) y el poder político, lobbies como el Círculo de Empresarios de Gran Canaria aplauden y elogian a Fernando Clavijo, representante del sector derechista de la ya de por sí derechista Coalición Canaria. Recuerdo uno de los lemas más coreados en las manifestaciones en defensa de nuestra tierra: ‘Coalición Canaria es una inmobiliaria’. Ahora parece que tendremos que repetirlo muchas más veces, pero también tendremos que añadir como socios del negocio inmobiliario a PP y PSOE, aunque, a decir verdad, esto no es tampoco una novedad. 


Lo que se busca con esta nueva ley del suelo no es facilitar al vecino o vecina que quiere arreglar el cuarto de la azotea, o algún cuarto de aperos, sino beneficiar a los intereses de especuladores y constructores, en connivencia con algunos poderes locales que, en algunos casos concretos, no se han caracterizado precisamente por su limpieza en los procedimientos.

Thursday, March 10, 2016

Frente a Frente - 2 de marzo - Cantabria (con Diegu San Gabriel)

Programa Frente a Frente correspondiente al 2 de marzo de 2016, presentado por Dailos González y Pedro el Gasio.

En esta ocasión hablamos de un territorio muy poco conocido, pero que tiene su propia historia, su propia cultura e, incluso, su propia lengua: Cantabria. Para ellos contamos con el historiador Diegu San Gabriel (Trenti), que nos hablará de la lengua cántabra, y de la cultura e historia de Cantabria, así como de la actualidad en ese territorio.

Acompañamos el programa con música de Luétiga, Cambalúa e Insonoro.



Wednesday, March 09, 2016

Moción sobre accesos al aeropuerto de La Palma

CABILDO DE LA PALMA
MOCIÓN 002-2016

El Grupo Mixto - Podemos en el Cabildo Insular de La Palma a través de su portavoz y Consejero Don Dailos González Díaz, y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta la siguiente moción para su debate y votación por el Pleno.


MOCIÓN SOBRE ACCESOS AL AEROPUERTO DE LA PALMA


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la isla de La Palma, el propio hecho insular trae aparejada una serie de necesidades para la ciudadanía palmera que deben ser tenidas en cuentas. Una de las más evidentes son aquellas relacionadas con el transporte, temática que ya se ha tratado en múltiples ocasiones en este Cabildo Insular. Es evidente que, por motivos laborales, familiares, de salud o para realizar algún tipo de trámites, la población de La Palma ha de viajar fuera de la isla con relativa frecuencia. 

Las dos principales vías de comunicación de la isla de La Palma con el exterior son el aeropuerto de La Palma y el puerto de Santa Cruz de La Palma; es esta ocasión vamos a ocuparnos del primero de los casos. No nos vamos a centrar en el debate acerca de las dimensiones y el diseño del actual aeropuerto, sino de otras cuestiones más sencillas y que podrían solucionar algunas de las problemáticas que más afectan a los usuarios y usuarias del mismo.

Muchos ciudadanos y ciudadanas han expresado su malestar por los problemas que se presentan a la hora de dejar o recoger un pasajero en el aeropuerto. El poco espacio en la vía de acceso y la falta de estacionamientos limitados para carga y descarga de pasajeros es causa, a determinadas horas, de atascos frente a la terminal. Es cierto que existen unos aparcamientos de pago y que, actualmente, están infrautilizados, en buena medida debido al sobredimensionamiento del aeropuerto con respecto al volumen actual de tráfico aéreo. Sin embargo, dado que la operación de recoger o dejar a un pasajero requiere tan sólo unos pocos minutos o, incluso, segundos, para muchos conductores resulta absurdo bajar hasta la zona de aparcamientos.

En cuanto a los pasajeros que deciden dejar su coche en los aparcamientos del aeropuerto cuando van a viajar, es cierto, también viven su propia problemática. Es cierto que existe una tarifa que permite utilizar una plaza de aparcamiento durante varios días, pero exceptuando algunas ofertas de fin de semana, esta tarifa es de 10 euros por día (9 a partir del quinto día), lo cual supone un coste adicional sobre el pasaje demasiado elevado, más cuando muchos de los viajes se realizan por pura necesidad y no por motivos de vacaciones. Recordemos que antes de la reforma del aeropuerto existían aparcamientos públicos gratuitos, y ello no suponía excesivos problemas a la hora de hacer uso de los mismos. Ahora encontramos con un espacio para 1.102 plazas de aparcamiento de pago, 448 de las cuales son públicas, pero la mayor parte de ellas permanece vacía. Resulta evidente que este sistema se encuentra alejado de las necesidades y peculiaridades de la isla. Es más ¿cómo es que actualmente haya más problemática para encontrar aparcamiento que aquellos tiempos en los que sí existían aparcamientos gratuitos? 

La problemática que aquí tratamos se hizo bien visible las últimas navidades, cuando el estrecho pasillo de acceso a la terminal se vio colapsado de vehículos, generándose colas de gran consideración, y dándose una situación de caos en la que, incluso, algunos vehículos terminaron usando la vía reservada a taxis y guaguas. Tememos que esta situación pueda repetirse en otros momentos del año, por lo que es preciso buscar una solución negociada que no sea la simple sanción a particulares (ello sería confundir las consecuencias del problema con sus causas).

Por otro lado, resulta evidente que deberíamos caminar todos y todas hacia el fomento del transporte público frente a la utilización del automóvil privado en aquellos casos en los que sea posible. Pero éste es precisamente el problema, no siempre resulta posible utilizar la alternativa del transporte público porque esta alternativa, sencillamente, no existe. Así, la zona con mayor población de la isla, el Valle de Aridane, carece actualmente de una línea de transporte regular por guagua que la conecte con el aeropuerto, y si bien se nos ha transmitido que está en estudio el establecimiento de esa ruta, no está de más reiterar desde el pleno del Cabildo esta necesidad.

Estamos ante un asunto bastante sencillo, pero que ocasiona molestias a las personas que aquí vivimos. Es cierto que el aeropuerto no es competencia de este Cabildo Insular, pero sí que debe tener voz en este tipo de asuntos, elevando sugerencias a AENA. El Cabildo, como institución que representa a la isla, debe hacerse eco de las quejas y problemáticas de su ciudadanía, desde las más cotidianas hasta las más trascendentales.

Por ello, proponemos al Cabildo Insular de La Palma que adopte el siguiente ACUERDO PLENARIO:

Primero: Instar a AENA a buscar alternativas que solucionen la actual problemática, incrementando el número de plazas de aparcamiento de estacionamiento limitado.

Segundo: Asimismo, negociar el establecimiento de tarifas reducidas para aquellos usuarios que precisen ocupar varios días de aparcamiento por motivos de viaje. El sistema actual, de 10 euros por día, supone un excesivo coste adicional sobre el billete para aquellos pasajeros que quieran hacer uso del aparcamiento.

Tercero: Proponer a Transportes Insular La Palma el establecimiento de una ruta de guaguas que conecte el Valle de Aridane con el aeropuerto de La Palma. 

Sunday, March 06, 2016

Controversias - 3 de marzo de 2016


Programa televisivo de debate "Controversias", en Canal 11 La Palma correspondiente al 3 de marzo de 2016 y presentado por Dailos Cañizares.

Participé en representación de Podemos junto a representantes de otros partidos como Carlos Cabrera (PP), Gonzalo Pascual (PSOE) y Juan Ramón Rodríguez Marín (CC).